Días previos a los comicios de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, la Defensoría del Pueblo alertó que el 81 % de los virtuales gobernadores regionales se encontraban involucrados en uno o más casos de corrupción en trámite. Un ejemplo es el actual gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka (Renovación Popular), quien enfrenta nueve investigaciones fiscales y que, en 2015, construyó una carretera ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri cuando era gobernador de la misma región.
Funcionarios de los gobiernos regionales de Ucayalí, Loreto y Madre de Dios estarían involucrados en organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de madera como es el caso de ‘Los Duros del Amazonas’, que según el Ministerio Público, está conformada por 45 integrantes entre funcionarios públicos y empresas que extraen madera ilícita de los márgenes de los ríos Curaray, Arabella y Mazán en Loreto.
Sin considerar esta información, el congresista Eduardo Salhuana, del partido Alianza Para el Progreso (APP), presentó el Proyecto de Ley 3912-2022 para intentar modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763), incluyendo una disposición similar a la impulsada por la Comisión Agraria a fin de convalidar los títulos de propiedad y constancias de posesión ilegalmente otorgados en perjuicio del patrimonio forestal y de fauna silvestre y la afectación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios.
Cabe recordar que, el pasado 11 de enero, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó, por mayoría, el dictamen de allanamiento que recomienda archivar el proyecto promovido por la Comisión Agraria, precisamente por los efectos perjudiciales de la referida disposición.
Salhuana se une a otros representantes del Poder Legislativo que, buscarían debilitar la institucionalidad y los pocos mecanismos existentes para proteger nuestro patrimonio natural, pero su propuesta incluso podría ser aún más peligrosa al dotar de diversas facultades a los gobiernos regionales.
Fuente: SPDA
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